En Los Cabos, un paraíso natural conocido por su belleza y biodiversidad, se desata una controversia que pone en jaque la credibilidad de una figura pública: Blanca Pedrín. Empresaria, política y autodeclarada defensora del medio ambiente, Pedrín enfrenta fuertes señalamientos por la construcción de su residencia en una zona ecológicamente sensible: Costa de Oro.
Lo que ha generado indignación no es solo la ubicación del proyecto —una duna costera—, sino el hecho de que se está construyendo sin contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un documento obligatorio para evaluar los daños potenciales al ecosistema. Este tipo de omisión contradice flagrantemente los valores que Blanca ha promovido públicamente.
La comunidad local, preocupada por la integridad del ecosistema, ha comenzado a alzar la voz, y las redes sociales se han convertido en un campo de batalla por la transparencia y la legalidad. En medio de todo, surge una pregunta inevitable: ¿Puede una activista ambiental justificar la destrucción del entorno que dice proteger?